Se inicia el debate sobre la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual

Se inicia el debate sobre la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual

El día de ayer se llevó a cabo el primer debate abierto sobre la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual convocado por la fundación Via Libre y FLACSO. El debate giró en torno a la vigencia de la Ley 11.723 -reglamentación que regula las actividades de los artistas en el mercado de la cultura-, la aplicación de la Ley mediante Sociedades de Gestión Colectiva como SADAIC y Argentores, y la posición de los artistas como los principales actores afectados por esta ley. Un panel de debate conformado por representantes de la sociedad civil, intelectuales y el Estado presentaron su visión acerca del escenario actual de la producción cultural, los mecanismos de edición y financiamiento, y el desafío que tienen el mercado de la cultura y el Estado para articular las nuevas prácticas sociales -compartir contenido, publicar obras, intercambiar material de estudio- que se realizan en el extenso y cada vez más fuerte ecosistema de internet. El marco propuesto por Via Libre y FLACSO se basa en un documento de Philippe Aigrain que propone catorce puntos importantes a tener en cuenta cuando se piensa en una Ley de Propiedad Intelectual.

El encargado de abrir el debate fue Rodolfo Hamawi, director nacional de industrias culturales de la Secretaría de Cultura de la Nación, quien destacó la necesidad de revisar las prácticas actuales de las Sociedades de Gestión Colectiva e insistió con que el Estado es un actor fundamental para garantizar el estímulo de la cultura y la protección de los artistas como trabajadores de la cultura.

Por otro lado, el legislador de la Ciudad de Buenos Aires por Proyecto Sur, Julio Raffo, fue un paso más allá y con un discurso animado y cierto gusto amargo para varios de los presentes leyó a viva voz algunos párrafos de un Proyecto de Ley que pretende reivindicar las nuevas prácticas sociales de intercambio de contenido. Su propuesta habilita el intercambio y el uso colectivo de contenido cultural sin fines comerciales. El legislador puso énfasis en desmercantilizar la cultura y separar el rol del artista del negocio de la cultura, de manera que los autores puedan dedicarse al arte sin preocuparse por perseguir beneficios económicos que hoy están subordinados a un grupo reducido de corporaciones, cuyo principal objetivo es identificar las modas y tendencias sociales para su propio beneficio.

Iván Reidel, doctor en derecho, aportó datos concretos sobre los beneficios que perciben las Sociedades de Gestión Colectiva y puso al descubierto una práctica oscura que, lejos de cumplir su función de representar a los artistas, genera un escenario de competencia desleal y le quita a los autores cualquier posibilidad de vivir de su trabajo. Reidel concluye con un dato ilustrativo que rige a nivel mundial: el cinco o seis por ciento de los artistas inscriptos en las Sociedades de Gestión Colectiva reciben un noventa por ciento de los beneficios.

Por su parte, Diego de Charras -director de la carrera de Comunicación en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA- subrayó la importancia de la expansión de derechos civiles como un mecanismo de articulación entre la sociedad civil y las instituciones del Estado que deben protegerla. Plateó la relación entre SADAIC, Argentores y los artistas como una lucha de pobres contra pobres, y convocó a los artistas a participar de los debates para reformar estas Sociedades de Gestión Colectiva.

Cerrando el debate, Beatriz Busaniche -representante de la fundación Vía Libre- reflexionó sobre un nuevo enfoque de la posición del artista como un trabajador asalariado y no como un productor cuyos ingresos provienen de rentas. Destacó la importancia del intercambio de archivos P2P como una herramienta positiva para promover la cultura libre y ayudar a los artistas que comienzan su carrera para distribuir su trabajo y ganar reconocimiento.

Todas estas voces se conjugan para declarar abierto de un nuevo frente de diálogo colectivo -sin un consenso razonable a primera vista- sobre dos temas que hoy en día son esenciales para toda la sociedad: la aceptación de nuevas prácticas sociales relacionadas con las redes informáticas y la promoción y el desarrollo de la cultura libre.

Entre líneas

La posición que sentó el Estado en este debate es determinante para perfilar lo que se viene en relación a la incorporación de las nuevas prácticas sociales a la esfera institucional. En este sentido, el Estado adoptó una actitud tibia respecto a una reforma real de las Sociedades de Gestión Colectiva para conseguir una distribución más justa de los beneficios. El discurso del Estado una vez más está lejos de las prácticas reales -recordemos que fue el bloque oficialista quien en el 2009 promovió el famoso Artículo 5 Bis de la Ley de Propiedad Intelectual que extiende los derechos de autor de 50 a 70 años- y simplemente se apropia de las luchas sociales que llevaron muchos años de esfuerzo ininterrumpido por parte de los diferentes sectores de la comunidad. Si algo quedó claro en este debate es la apropiación de las luchas que a través de juegos retóricos se transforman en las causas de un Estado benefactor, un Estado que concede al pueblo lo que este reclama. Sin embargo, estas concesiones no son inocentes, al contrario, son como como el vaso de agua que se le ofrece a alguien luego de mantenerlo sediento durante días. El Estado tiene responsabilidades que sólo cumple cuando los resultados son inminentes, resultados que fueron una consecuencia directa del trabajo de las personas que buscan construir un país mejor.

Por todo esto, y porque estamos en plena campaña electoral, este debate da cuenta de que queda un largo camino por andar para ganar la batalla contra las corporaciones que ostentan ser las protectoras y promotoras de la cultura, y conseguir una cultura realmente libre, donde los artistas y autores puedan vivir de su trabajo y benefiarse de las relaciones directas con la sociead en la que participan.